El programa Renta Ciudadana ha sido renovado y ahora contempla la entrega de hasta un millón de pesos para hogares vulnerables.
Programa de Transición hacia la Renta Ciudadana
El martes, el Gobierno Nacional aprobó la puesta en marcha de un programa de transición hacia la renta ciudadana, con el objetivo de garantizar un ingreso mensual de hasta 500 mil pesos a hogares en situación de pobreza extrema. Esta iniciativa se presenta como una de las medidas necesarias para que Colombia se convierta en una “potencia mundial de la vida”.
Con la implementación de este programa, se espera que más de 3 millones de hogares puedan recibir ingresos por encima de la línea de pobreza, lo que les permitirá combatir el hambre, lograr gradualmente una mayor autonomía económica y acceder al disfrute de derechos fundamentales.
Prioridad a municipios con alta pobreza y desnutrición infantil
La Directora de la DPS ha afirmado que la Renta Ciudadana es una iniciativa no asistencialista que busca beneficiar a la población más necesitada, que se encuentra en situación de vulnerabilidad y pobreza extrema.
Además, ha destacado que el propósito de la Renta Ciudadana es dignificar los beneficios y ayudas otorgadas, al tratarse de ingresos que superan la línea de pobreza. Este enfoque representa un cambio significativo en la historia de las transferencias de beneficios en Colombia.
Fortalecimiento de la estrategia de Hambre Cero
El programa de transición contempla el pago de hasta 1 millón de pesos a las familias cada dos meses, a partir del primer pago. Cabe destacar que este programa tiene alcance nacional, aunque se otorgarán mayores montos a hogares situados en 466 municipios de Colombia con alta y muy alta prevalencia de desnutrición infantil, identificados en los mapas de hambre elaborados por el Gobierno Nacional. Asimismo, se dará prioridad a las madres cabeza de hogar con niños y niñas menores de 6 años y a los municipios con mayor índice de pobreza multidimensional y PDET.
El programa de transición de este año se basa en los resultados y la experiencia obtenidos a partir de la entrega de transferencias monetarias extraordinarias realizadas en diciembre pasado por la entidad, en el marco del Plan de Choque Contra el Hambre. En aquella ocasión, se otorgaron hasta 500.000 pesos a 2 millones de hogares, en su mayoría encabezados por mujeres, para hacer frente a la situación de hambre agravada por la crisis invernal de 2022.
Enfoque en el empoderamiento económico de las familias
El programa de transición de este año tiene como objetivo apoyar la política de Hambre Cero, y fortalecerá la estrategia iniciada con el plan de choque de diciembre de 2022. En este sentido, se garantizará un ingreso suficiente para los hogares, lo que les permitirá acceder a una canasta básica alimentaria.
Con el fin de fomentar los objetivos de transformación del Gobierno Nacional, esta transición tiene como meta superar el enfoque asistencialista, y en su lugar, proponer corresponsabilidades que permitan el empoderamiento económico y la garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Para lograr este propósito, el programa de transición utilizará la base de hogares inscritos en las convocatorias realizadas por Prosperidad Social para programas condicionados en 2021 y 2022, así como las familias indígenas que recibían transferencias monetarias condicionadas hasta diciembre de 2022.
Clasificación de hogares según la encuesta Sisbén IV
El programa de transición cubrirá a un total de 2,9 millones de hogares registrados en el Sisbén IV, además de aproximadamente 113.000 hogares pertenecientes a comunidades indígenas. De estos hogares, más de 1,6 millones se encuentran clasificados en los grupos que equivalen a situación de pobreza extrema, mientras que alrededor de 1,2 millones de hogares se clasifican como pobreza moderada.
La entidad encargada de la implementación del programa de transición definirá los montos de la transferencia a los hogares en función de diversos criterios, como la clasificación dada por la encuesta Sisbén IV, la composición familiar, la población indígena, las víctimas de desplazamiento forzado (inscritas en Sisbén IV) y la ubicación geográfica de las familias.